La cuenta atrás ha comenzado. A partir del 2 de agosto de 2026, entra en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) que obligará a etiquetar todos los contenidos generados por IA: texto, imágenes, audios y vídeos deberán llevar un marcado identificativo visible para usuarios y legible para sistemas automatizados.
Esta medida busca reforzar la transparencia y la confianza en el uso de inteligencia artificial, especialmente en sectores como medios de comunicación, marketing digital, entretenimiento y comercio electrónico, donde la generación de contenido sintético es cada vez más habitual.
¿Qué debe etiquetarse?
Según la normativa, los contenidos creados con intervención sustancial de IA deberán llevar un doble etiquetado:
🔹 Visible para humanos: un aviso claro en pantalla, marca de agua o nota informativa.
🔹 Legible por máquina: metadatos o marcas técnicas que permitan a otros sistemas detectar su origen artificial.
No será necesario etiquetar contenidos “híbridos” cuando la IA se limite a corregir o ampliar sin alterar el sentido, ni en textos revisados bajo responsabilidad editorial en contextos de interés público.
Riesgos y errores frecuentes
Los expertos advierten de los errores más comunes en el uso de IA para crear contenido:
- Falta de supervisión humana.
- Etiquetados superficiales fáciles de eliminar.
- Ausencia de estrategia previa de compliance.
- Riesgos legales vinculados a derechos de autor, privacidad y prácticas engañosas.
Para evitar sanciones, se recomienda que las empresas adopten un enfoque de gobernanza y trazabilidad: identificar los sistemas de IA utilizados, establecer controles humanos permanentes, documentar cada decisión y aplicar herramientas de etiquetado manual o automatizado con estándares como C2PA y firmas criptográficas.
Impacto en el ecosistema empresarial
El alcance de esta obligación es amplio. Afectará tanto a grandes corporaciones como a startups y profesionales independientes que utilicen inteligencia artificial en la creación de contenidos.
Para el Cluster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, esta regulación supone un reto pero también una oportunidad: garantizar un uso más transparente, ético y confiable de la IA en sectores clave de la economía.
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